En una decisión sin precedentes, la presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara ordenó apartar de su cargo al mandatario colombiano. Sin embargo, analistas advierten que la medida es una audaz movida política que le da luz verde a Petro para hacer campaña libremente por Iván Cepeda.
Colombia enfrenta una de sus mayores crisis institucionales. La congresista Gloria Elena Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, sacudió al país al ordenar la suspensión provisional del ejercicio del cargo del presidente Gustavo Petro Urrego de manera inmediata.
El argumento electoral
La resolución estipula que la suspensión se extenderá hasta el próximo 21 de junio a las 4:00 p. m., momento exacto en el que cierran las urnas de la segunda vuelta presidencial.
La congresista justificó la medida cautelar bajo los siguientes argumentos:
- Presunta participación en política: Investigaciones por continuas intervenciones en redes sociales a favor de su sector.
- Riesgo de interferencia: La necesidad de evitar que el poder presidencial influya en los procesos electorales y en los trámites del Congreso.
Una jugada estratégica para la campaña de Cepeda
A pesar del aparente golpe institucional, estrategas políticos y fuentes cercanas al Gobierno aseguran que se trata de un «bumerán político» y una movida fríamente calculada. Al quedar suspendido temporalmente de sus funciones constitucionales como jefe de Estado, Petro se despoja de las restricciones legales que le impiden participar en política.
Con esta suspensión, el mandatario adquiere plena libertad para volcarse a las calles y hacer campaña abiertamente por Iván Cepeda. Sin el freno de la Procuraduría ni el peso del cargo, Petro podrá impulsar con todo su capital político la candidatura de su aliado de cara a la segunda vuelta.
Vacío legal y choque de poderes
La noticia tomó al mandatario en Nueva York, atendiendo una agenda oficial ante la ONU. Mientras el Pacto Histórico se prepara para aprovechar este vacío legal a favor de Cepeda, diversos juristas advierten que la decisión es inconstitucional.
Según la Carta Política de Colombia, solo el Senado de la República tiene la competencia para suspender a un presidente. La polémica jugada promete redefinir el rumbo de las elecciones en sus últimos once días.