A pocos días de las elecciones presidenciales, el discurso de mano dura y liberalismo radical del candidato de ‘Defensores de la Patria’ genera intensos debates en los sectores económicos, políticos y sociales del país.
El panorama electoral entra en su recta final y la candidatura del abogado penalista Abelardo de la Espriella se posiciona como una de las más polarizantes de la contienda. Aunque su programa de gobierno, denominado «Patria Milagro», promete un cambio drástico frente a la criminalidad y una reestructuración económica agresiva, analistas y sectores opositores encienden las alarmas sobre la viabilidad, el costo institucional y los polémicos antecedentes del aspirante.
Un folleto de tres páginas y vacíos jurídicos
Una de las críticas técnicas más agudas de los analistas políticos apunta a la alarmante falta de profundidad de su plan de gobierno. El programa oficial de la «Patria Milagro» se compone de apenas tres a cuatro páginas de enunciados generales estructurados en viñetas cortas.
Expertos constitucionalistas advierten que, más allá de la brevedad, varias de sus propuestas centrales chocan directamente con la Constitución Política de 1991. La intención de expedir de forma masiva cerca de 40 decretos con fuerza de ley para saltarse el Congreso y reestructurar el Estado desbordaría las facultades del Ejecutivo, violando el principio de separación de poderes.
Entre el «showman» y la imitación internacional
Críticos coinciden en que la estrategia de De la Espriella se basa más en la espectacularidad que en la viabilidad. Calificado como un «showman» mediático, el candidato ha estructurado su campaña copiando fórmulas estéticas y discursivas de líderes de la derecha regional.
Por un lado, intenta replicar el estilo confrontativo e histriónico de Javier Milei para movilizar el descontento económico de los ciudadanos. Por el otro, adopta la narrativa de control absoluto y las puestas en escena de Nayib Bukele, prometiendo soluciones drásticas a la inseguridad que carecen de sustento técnico en el marco constitucional colombiano.
Los giros de Alex Saab y la sombra de un proceso judicial
A la par de las críticas programáticas, el pasado profesional del penalista sigue siendo su mayor talón de Aquiles en el debate ético. Recientes investigaciones periodísticas lideradas por Daniel Coronell han revelado documentos de cortes estadounidenses que exponen transferencias por más de 370.000 dólares provenientes de empresas ligadas a Alex Saab que habrían beneficiado económicamente a De la Espriella.
En los círculos de opinión ha cobrado fuerza la hipótesis de que la sorpresiva aspiración presidencial del abogado respondería a una estrategia de blindaje. Según esta teoría, ante el riesgo latente de que el Departamento de Justicia de EE. UU. formalice un proceso en su contra derivado del entramado de lavado de activos de Saab, De la Espriella estaría buscando la jefatura de Estado para ampararse bajo la inmunidad jurídica y diplomática que otorga el cargo, evitando así una eventual solicitud de extradición.
Ajuste fiscal y riesgo de inestabilidad económica
Otra de las grandes dudas radica en la promesa de alcanzar un superávit fiscal primario mediante un recorte masivo del gasto público de aproximadamente 70 billones de pesos (cerca del 40% del tamaño del Estado), sumado a la reducción de impuestos.
Expertos en hacienda pública señalan que un tijeretazo de esa magnitud podría paralizar sectores clave, golpear la inversión social y provocar despidos masivos, generando un severo efecto recesivo. Además, la propuesta abre un interrogante técnico sobre cómo financiará el funcionamiento básico del país sin generar un hueco fiscal insostenible.
Retorno de la aspersión aérea y choque institucional
En materia de orden público, De la Espriella defiende lo que llama una «versión 2.0 de la Seguridad Democrática». Sus planes incluyen:
- La destrucción total de las economías ilegales mediante el regreso de la fumigación aérea con glifosato, desafiando de frente los límites ambientales y de salud ya establecidos por la Corte Constitucional.
- El cierre definitivo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lo que provocaría un quiebre constitucional severo y pondría en riesgo los compromisos de Colombia ante la Corte Penal Internacional.
- La construcción de 10 megacárceles de máxima seguridad, una propuesta cuestionada por su alto costo presupuestal en medio de un plan que busca recortar el gasto estatal.
Tensión en la derecha y radicalismo
Finalmente, su estrategia de aproximación a las redes de la ultraderecha global, como el partido español Vox, ha generado reticencia incluso dentro de los sectores tradicionales de la derecha colombiana. Figuras del uribismo han tomado