Fiscalía ya identificó a 10 intermediarios que pedían un 20 % por direccionar proyectos productivos.
Desde febrero de 2017, la Fiscalía obtuvo órdenes judiciales para interceptar los celulares de al menos 10 sujetos que estaban ofreciéndoles a alcaldes y empresas privadas un jugoso negocio: información privilegiada que les garantizaría la aprobación de millonarios fondos para ejecutar proyectos productivos para el posconflicto.
“Los audios revelan en forma descarada la distribución de porcentajes de los recursos destinados para la paz entre intermediarios, alcaldes y funcionarios”, le dijo a EL TIEMPO una alta fuente de la Fiscalía.
Pedían en contraprestación hasta un 20 por ciento del monto total del proyecto. Y para probar su influencia y poder, los intermediarios llamaban a funcionarios del Gobierno a preguntarles datos específicos. Hay conversaciones incluso con funcionarios de consejerías presidenciales.
Detalles de este ilícito le fueron revelados al presidente Juan Manuel Santos por el fiscal Néstor Humberto Martínez, desencadenando una serie de medidas tendientes a salvaguardar los fondos recibidos para el posconflicto de países amigos, la banca multilateral y del presupuesto general.
La carta de los embajadores de Noruega, Suiza y Suecia, revelada en exclusiva el pasado lunes por EL TIEMPO, fue el primer campanazo de alerta sobre el manejo de la llamada ‘chequera de la paz’, reunida en el poderoso Fondo Colombia en Paz (FCP).
Los embajadores fueron claros en señalar su preocupación por la lentitud en la ejecución de los proyectos y la falta de transparencia en el manejo de datos, que ya deberían estar consignados en el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (Siipo).
Tal como lo reveló este diario, el diseño de esta plataforma, que aún no entra en funcionamiento, estuvo a cargo de la pareja de Gloria Ospina, directora del FCP y cercana al alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo.
Y aunque el contenido de la carta de los embajadores fue inicialmente manejada con diplomacia y hasta con escepticismo, las revelaciones del Fiscal terminaron por confirmar los intentos de manipulación en el manejo de datos y recursos.
El ‘modus operandi’
Según la investigación, las llamadas Zomac (zonas más afectadas por el conflicto armado, que gozan de beneficios tributarios para las empresas que desarrollen allí sus actividades) fueron el primer objetivo de esta red. Pero extendieron su portafolio a otras regiones.
Hay evidencia de que visitaron prestadoras de servicios de salud, constructoras, avícolas y consultoras para ofrecerles proyectos para la prestación de servicios de salud, construcción de infraestructura y vivienda, interventorías, montaje de proyectos piscícolas y avícolas y otros más relacionados con el medioambiente.
El ‘modus operandi’
Según la investigación, las llamadas Zomac (zonas más afectadas por el conflicto armado, que gozan de beneficios tributarios para las empresas que desarrollen allí sus actividades) fueron el primer objetivo de esta red. Pero extendieron su portafolio a otras regiones.
Hay evidencia de que visitaron prestadoras de servicios de salud, constructoras, avícolas y consultoras para ofrecerles proyectos para la prestación de servicios de salud, construcción de infraestructura y vivienda, interventorías, montaje de proyectos piscícolas y avícolas y otros más relacionados con el medioambiente.
Lupa a la JEP
Apenas el viernes Gloria Ospina le envió las primeras respuestas al contralor Edgardo Maya.
EL TIEMPO estableció que uno de los contratos que se revisan en la JEP es el del diseño de su estructura que incluye modelar los procesos de la entidad, definir cargos y hasta manuales de funciones. Se le aprobaron 1.400 millones de pesos a la firma Remolina Estrada. Pero hoy, cuando ya se ha vinculado al 50 por ciento de los funcionarios, el contrato todavía no se ha terminado de ejecutar.
Fuentes de la JEP dicen que era innecesario, no solo porque será entregado cuando ya estén proveídos la mayoría de cargos, sino porque estos han sido diseñados por las mismas unidades de acuerdo con sus necesidades.
Lo que llama la atención es que el Fondo multidonante de la ONU para el posconflicto consignó en su informe de 2017 que el diseño de la estructura organizacional estaba en un 100 por ciento, gracias al apoyo de la Secretaría de la JEP.
También le dio el visto bueno a otro contrato bajo la lupa: el del diseño del sistema de información. Llegó a tener términos de referencia por parte de la Universidad de los Andes a través de Remolina Estrada. Pero no se concretó porque los nuevos magistrados no consideraron apropiado el monto y hoy está en el limbo.
Por ahora, seguir el rastro de la llamada ‘chequera de la paz’ ha sido difícil para la prensa y los entes de control porque la plata se ha movido a través de agencias internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Pero el procurador Fernando Carrillo ya hizo una advertencia: “El único lujo que no se puede dar el país es que colapse el proceso de paz por mala administración de recursos a la hora de su puesta en marcha. Aquí no hay ni territorios ni fondos vedados para las instituciones de control”.